La oposición boliviana denuncia persecución en el juicio al expresidente Mesa


La oposición de Bolivia se solidarizó hoy con el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) ante la decisión de la Fiscalía de iniciarle un juicio y consideró que se trata de una persecución política impulsada por el Gobierno de Evo Morales.

El Ministerio Público presentó el lunes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades contra Mesa, a quien el Gobierno responsabiliza por un fallo internacional que obligó al Estado boliviano a pagar una multa millonaria a la empresa chilena Quiborax.

El Movimiento Demócrata Social (MDS) y Unidad Nacional (UN) emitieron sendos comunicados expresando su solidaridad a Mesa, y también se pronunciaron en el mismo sentido el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) y el alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien lidera la fuerza opositora Sol.bo.

En un mensaje en Twitter, Quiroga consideró que fue “previsible y aberrante” el “paso de la guillotina judicial” del Gobierno del presidente Morales, al que acusó de perseguir a Mesa.

En Bolivia “pensar diferente es materia justiciable y se criminaliza la oposición”, criticó.

Para UN, Mesa se ha sumado “a la larga lista de bolivianos que están siendo perseguidos judicialmente por el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS)”.

“Los argumentos dados por el expresidente muestran que la derrota ante Quiborax y la millonaria compensación pagada por el país se debieron a la defensa errática y a las sospechosas concesiones a favor de esa empresa y de sus dueños realizadas por el equipo gubernamental dirigido por el ministro (de Justicia) Héctor Arce”, se indica en el comunicado.

Por su parte, el MDS consideró que la decisión de enjuiciar a Mesa busca “silenciar las denuncias del exmandatario sobre la pésima defensa del Estado de los intereses nacionales en el caso Quiborax” y sobre todo “acallar y amedrentar a un opositor”.

En declaraciones a los medios, Revilla lamentó que el Estado busque enjuiciar a Mesa, quien es también portavoz de la causa marítima boliviana ante Chile, en un proceso que, a su juicio, “está plagado de cosas raras”.

“No puede el Gobierno perder un proceso de esta manera, pagar una millonada a una empresa de esta manera que, además, es una empresa que le ha estafado al Estado, que le estaba engañando, que ha sido objeto de un proceso por falsificación”, sostuvo el alcalde paceño.

En 2004, durante el Gobierno de Mesa, fueron revocadas concesiones mineras a la empresa con mayoría de capital chileno Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax, que presentaron una controversia ante el CIADI, entidad dependiente del Banco Mundial.

En mayo pasado, el CIADI cerró el caso a favor de las demandantes al entender que la revocación no se ajustó a la ley y en junio, el Estado boliviano firmó un acuerdo para compensar con 42,6 millones de dólares a las empresas chilenas.

El Gobierno de Morales responsabiliza a Mesa del fallo adverso argumentando, entre otros, que las decisiones asumidas por el exmandatario no se ajustaron a las normas internas ni al derecho internacional.

Mesa ha defendido los procedimientos aplicados para revocar la concesión y aseguró que tras la decisión de la Fiscalía, existe una intención de eliminarlo políticamente.

El exgobernante aseguró que no tiene problema con la investigación, pero demandó que en la misma se incluya a exfuncionarios y actuales autoridades vinculadas con el caso, como el ministro Arce y el procurador general, Pablo Menacho. 




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