El descontrol bancario permitió transacciones por casi 5.000 millones de dólares vinculados al chavismo | Internacional


Venezuela tiene un capítulo extenso en los llamados FinCEN Files conocidos el domingo. La filtración de más de 2.000 informes de actividades financieras sospechosas que detectan los bancos, obtenidos por BuzzFeed News y analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), revela como pese al historial de señalamientos que hay sobre la corrupción asociada a los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro el dinero seguía fluyendo. La investigación que el ICIJ trabajó con el portal Armando.info de Venezuela señala que más de 4.800 millones de dólares en transacciones sospechosas, ocurridas entre 2009 y 2017, están vinculadas al país sudamericano. De este monto, un 70% involucra a organismos del Estado como el Ministerio de Finanzas y la petrolera estatal PDVSA, cuya gestión está postrada por décadas de corrupción y mala gestión.

La cantidad es mucho menor que las estimaciones como las de la Asamblea Nacional opositora, que señalan que 400.000 millones de dólares de los venezolanos se han ido por el caño de la corrupción en dos décadas. En 2019, Venezuela fue el país más corrupto de América Latina y el Caribe según los indicadores de Transparencia Internacional. La filtración de los documentos FinCEN Files muestra ahora, en cualquier caso, los mecanismos que permitieron que el dinero de las arcas del Estado saliera a cuentas en el extranjero.

Entre las revelaciones están las transacciones por 262 millones de dólares que procesó el portugués Banco Espirito Santo —disuelto en 2014 tras una investigación de lavado vinculada a Venezuela— en una cuenta de una empresa que gestionaba el patrimonio de la familia de Alejandro Ceballos, un empresario de la construcción, apasionado por los caballos, que hasta ahora había estado en las sombras. Los pagos, realizados entre 2013 y 2014, estaban relacionados con un contrato para la construcción de 1.540 viviendas sociales en San Francisco de Yare, a las afueras de Caracas, firmado con PDVSA. Los edificios tardaron años en terminarse, pero a las transferencias desde el Gobierno los oficiales de cumplimiento del banco detectaron “pagos excesivos” a familiares de Ceballos. La alerta llegó muy tarde y el dinero fluyó por el sistema financiero.

Otro de los venezolanos involucrados en la filtración es Alejandro Betancourt, el joven magnate de la energía señalado por los contratos que hizo con el gobierno de Hugo Chávez para suministrar equipos en medio de la crisis eléctrica de 2009, que 10 años después ha empeorado. Betancourt ha sabido librarse de las acusaciones y ha emprendido negocios en España.

En los FinCEN Files también hay rastros del dinero movido por Álex Saab mucho antes de ser sancionado por Estados Unidos y acusado de lavado de dinero proveniente de sus contratos con los CLAP, el programa de alimentos subsidiados, de baja calidad y con sobreprecio, con el que Nicolás Maduro intenta paliar la escasez desde 2015. Sus transacciones a través de una cuenta en un banco de Antigua y Barbuda ya levantaban banderas rojas, según la investigación de Roberto Deniz publicada en Armando.info.

De al menos 26 personas y entidades venezolanas que salen señaladas en los archivos filtrados, solo tres tienen sanciones de Estados Unidos. “La impunidad de la que gozan muchos de los boliburgueses es una consecuencia directa del fracaso de los bancos en aplicar un monitoreo apropiado a las actividades financieras de sus clientes”, señala uno de los reportajes de la serie que cita a Zair Mundaray, exfiscal venezolano en el área de delitos financieros en el exilio desde 2017. “Ninguno de los bancos investigó lo suficiente, porque lo que realmente pasaba era el saqueo de un país”, señala Mundaray en el reportaje.

En los archivos hay transacciones vinculadas a Samark López, señalado por Washington como uno de los operadores financieros del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, uno de los hombres fuertes de Maduro que Estados Unidos ha incluido en su lista de criminales más buscados. Los movimientos de dinero sospechosos ocurrieron cuando El Aisami era gobernador del Estado Aragua, ubicado en la región central del país.

También figura Martín Lustgarten, un experto financiero acusado en 2015 de lavar dinero para narcos y empresarios venezolanos, y Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias Globovisión, acusado de lavado en 2018. La estación de televisión de Gorrín fue sancionada por el Departamento del Tesoro, lo que hace unos meses derivó en el cierre temporal de la operadora de televisión por satélite DirecTV, propiedad de AT&T, por la imposibilidad de sacar de su parrilla la señal privada con una línea afín al Gobierno. Lustgarten logró evadir las investigaciones y ahora coopera con las autoridades de Estados Unidos delatando a antiguos clientes, revelaron los periódicos Miami Herald y Nuevo Herald, que formaron parte de los FinCEN Files.

La investigación global reveló que sistemáticamente los grandes bancos desafían el control del Departamento del Tesoro, a través de su unidad de inteligencia financiera mejor conocida por su acrónimo FinCEN. Así logran que los acusados, condenados y sancionados puedan seguir operando con el dinero que logran ingresar al sistema bancario. Según el ICIJ, esta división de supervisión, con aproximadamente 300 empleados, analiza los más de dos millones de archivos sospechosos que producen al año los funcionarios de los bancos con muy pocas herramientas para investigar a sus clientes, a veces con apenas una búsqueda en Google. Los FinCEN Files, de acuerdo con lo que ha dicho el ICIJ, suman una pieza adicional al engranaje que soporta el crimen en todo el mundo desvelado hace cinco años en los Papeles de Panamá, que expusieron la red de empresas fantasma en paraísos fiscales que encubren el dinero de poderosos corruptos, criminales y evasores.



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