Crisis propicia revisar ingresos de cónsules y establecer un salario fijo a los notarios públicos


Un año y cuatro meses lleva esperando para ser debatido el último proyecto de ley presentado para reducir sustancialmente los ingresos de los cónsules y establecer un salario fijo a los notarios públicos, en momentos en que las arcas del Estado están golpeadas por las bajas recaudaciones debido a la pandemia de COVID-19.

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El 30 de julio de 2019, fue prohijado en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional el proyecto que reduce al 20%, como máximo, la participación de los cónsules en las recaudaciones consulares (menos los gastos de funcionamiento de las sedes) y establece un salario fijo a los notarios, en vez del 100% de sus ingresos, como funciona actualmente.

El proponente del último proyecto, el diputado Miguel Fanovich, dijo a Panamá América que presentó esta iniciativa dos veces en el gobierno de Juan Carlos Varela y ahora en el de Laurentino Cortizo, pero el mismo está estancado esperando ser discutido.

“En tiempos de crisis, el proyecto debe ser considerado, pero todo el mundo sabe que este es un negocio de gamonales”, destacó.

Agregó que “todos saben en Panamá que los consulados son un negociado que genera mucho dinero que no entra a las arcas del Estado”. Sobre los notarios, dijo que “es un ingreso que se reparte entre personas que se designan en el Ejecutivo”.

En su exposición de motivos, Fanovich sustentó que en momentos en que el Estado trata de recuperar los fondos correspondientes al pago de impuestos, tasas y otros gravámenes para fortalecer el Tesoro Nacional y financiar programas sociales, sería oportuno revisar los ingresos de los cónsules y notarios.

“Estas sumas, en algunos casos, representan unos ingresos exorbitantes que pueden servir de enriquecimiento de los beneficiarios de estas designaciones públicas, que muchas veces recaen en personas que son premiadas por amistad o por fidelidad política”, enfatizó Fanovich en su proyecto.’

24%

ha crecido la deuda pública en el Gobierno de Cortizo.

$6,432

millones ha pedido el Gobierno para enfrentar la crisis económica y social generada por la pandemia de COVID-19.

Y fue más allá, al señalar que “en el caso de los notarios, estos se adhieren a una tabla expedida por el Estado y no perciben un salario establecido, por lo que su remuneración constituye el 100% de las sumas recaudadas por los trámites realizados en dichos despachos”.

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La propia Cancillería, durante el gobierno de Varela, advirtió que los ingresos de los cónsules superan “varias veces” el más alto establecido por las Naciones Unidas.

A juicio del excandidato presidencial y economista, Juan Jované, los cónsules y notarios son una especie de “rentistas”, similares a los existentes en la época colonial, en la que los reyes les daban dotes para que les cobraran rentas a los ciudadanos.

Indicó que los cónsules tienen que ser funcionarios públicos, con un salario fijo, y que no deben cobrar por los servicios que ofrece el Estado panameño.

Y sobre los notarios, opinó que constituyen un “oligopolio oficial”, que responde a figuras allegadas al Gobierno de turno y que al ser pocos y no haber competencia, cobran precios altos por dar fe pública.

Mientras que el exvicepresidente del Colegio de Abogados, Alfonso Fraguela, sentenció que la Asamblea es “irresponsable” al no discutir un tema que beneficia al Estado y agregó que los diputados tienen agendas personales.

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El Ministerio de Economía busca aumentar las recaudaciones, que bajaron 34%, y logró elevar el déficit fiscal a 9% en 2020 y 7.5% en 2021.

La dura situación fiscal motivó que el presidente Laurentino Cortizo saliera a desmentir en octubre que pensara aumentar los impuestos.



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