Los Derechos Humanos en Puerto Rico son prioridad ante la crisis por el huracán María


La procuradora del Ciudadano de Puerto Rico, Iris Miriam Ruiz, dijo que ante la situación que vive la isla tras el paso del huracán María, la lucha por la protección de los derechos humanos debe tener un papel prioritario.
 
Ruiz aprovechó el 69 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para hacer un llamamiento a los jefes de agencia del Gobierno de Puerto Rico para que se sensibilicen sobre su responsabilidad de que los derechos humanos se respeten en la isla.
 
“Esa también es una responsabilidad fundamental de todos los que hemos sido llamados al servicio público, descargando con sensibilidad y compromiso la voluntad delegada por nuestro pueblo”, sostuvo la funcionaria en un comunicado.
 
Lo esencial en este aspecto, detalló Ruiz, es que la labor de cada ente social se traduzca en calidad de vida de los puertorriqueños.
 
En ese sentido, definió como primordial la educación, los elementos básicos de vida, la salud, la seguridad pública, el acceso a los servicios públicos y “el derecho al pleno disfrute de la vida los derechos que deben ser garantizados a la población en general”.
 
La procuradora resaltó que el devastador del huracán María limitó la capacidad gubernamental para mitigar sus efectos rápidamente, por lo que instó a evaluar dónde hubo inacción o falta de recursos.
 
Ruiz, además presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), subrayó que mantener a la isla como “vitrina” mundial de derechos humanos y libertades es la mejor garantía para reafirmar la solidez de los avances democráticos logrados.
 
Afirmó que los derechos que en otros países se han ganado mediante la lucha de clases y la lucha armada, en Puerto Rico están cimentados en el diálogo, la solidaridad y la unión de propósitos.
 
El Ombudsman se creó en Puerto Rico en 1977 con el fin de contar con un organismo gubernamental con los poderes necesarios para servir de instrumento para que el pueblo canalice el derecho constitucional de solicitar la reparación de agravios.
 

Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque debe someterse a las leyes del ámbito federal. 




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