La ‘interrumpibilidad’: un servicio que “apenas se usa” y cuesta 500 millones en el recibo de la luz


Torres eléctricas (EUROPA PRESS)


La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido este jueves un informe extremadamente duro con el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y los mecanismos de capacidad que suponen un coste de unos 500 millones anuales para los consumidores españoles.

El organismo ha analizado la Orden del Ministerio de Energía que introduce modificaciones en este sistema —como acudir a él para evitar picos en el precio de la luz— pero más que analizar las novedades, hace una especie de ‘causa general’ contra este sistema que, digamos, retribuye la disposición de las empresas que más electricidad consumen a desconectarse de la red si el suministro eléctrico está en riesgo de ser insuficiente.

Red Eléctrica asegura de hecho que “hay situaciones en las que no hay suficiente generación para abastecer toda la demanda” por una punta de consumo extraordinaria o un cambio brusco de las condiciones meteorológicas puede afectar a la generación renovable.

Diez euros al año por un servicio que casi no se usa

La CNMC, en su informe, reprocha ahora el “elevado” coste que supone este sistema que retribuye esta disposición al ‘apagón’ de las industrias, tanto si acaban teniendo que desconectarse de la red eléctrica, como si no

El pago a las industrias se elevó a 503 millones en 2015; el año pasado fueron 517 y este año serán 550 millones. Es decir, más de 1.500 millones en los últimos tres años que se han traspasado a la factura de los consumidores.

Fuentes del ministerio de Energía explica a 20minutos que al recibo medio le ha supuesto un peaje de 0,9 euros al mes. Es decir, un consumidor estándar acaba pagando casi 10 euros al año por un servicio que, según la propia CNMC, “apenas se utiliza” en los últimos años. Desde Energía desmienten que no se use. “El pasado octubre, de hecho, se paró alguna instalación en Asturias porque hubo riesgo de falta de suministro”, dicen.

“Ha habido años que esta subvención a la industria le ha costado al sistema, a sus usuarios, cerca de mil millones de euros”, explicaba en ese medio hace unos meses José María González Vélez, presidente de Gesternova. “El gobernante debe proteger una industria, pero ¿eso le da derecho a incluir en los costes del consumo eléctrico ese impuesto escondido”.

“Se favorece a las grandes empresas”

El sistema consiste en subastas de capacidad energética en bloques de 90MW —a estas acuden las grandes compañías siderometalúrgicas, papeleras o cementeras que tienen mucha capacidad de consumo— y otros de 5MW a los que acuden consumidores energéticos más pequeños.

El sistema apenas se utiliza en los últimos añosEl organismo señala que las subastas de 90MW “favorecen a las grandes industrias” y son susceptibles de plantear problemas de competencia por el escaso número de empresas que participan —las pujas son presenciales y se efectúan de forma descendiente, como en las lonjas— y por tanto, por la poca presión competitiva.

Por ello, el organismo de Competencia recomienda acumular las ofertas en los bloques de 5MW para permitir una mayor desagregación e insta a Red Eléctrica, el operador del sistema, a justificar mediante una metolodología de estudio que “realmente es necesario” subastar unas cantidades tan elevadas de potencia.

El organismo dependiente de Economía reprocha también que el sistema es “complejo” y costoso. La duración de la subasta en ocasiones se prolonga cinco días y el coste de organizarlo (de 504.000 a 660.000 euros) es “elevado” comparado con las subastas de luz y gas (de 75.000 a 205.000 euros).

La Comisión Europea está investigando además a varios países, entre ellos España, por los sistemas de pagos por capacidad a eléctricas nacionales. Según Bruselas, estos mecanismos no pueden suplir la reforma que requiere el sector eléctrico y podrían ser “ayudas de estado no autorizadas”.

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